Publicada originalmente el 23 de octubre de 2020 en La Segunda

El pacto social se basa en una serie de balances y contrapesos que tienen como principal objetivo poner límites al poder político, evitar su abuso y distribuir su ejercicio de forma transversal en la sociedad.

Es por eso que el monopolio estatal de la violencia constituye uno de los pilares del estado de derecho; para que el uso de la fuerza por parte del poder político sea aceptable, esta debe sujetarse a estrictas restricciones y limitaciones, no sólo para evitar el atropellamiento estatal, sino que para gozar de legitimidad a los ojos de la población. Después de todo, Venezuela nos ha demostrado que no es suficiente realizar elecciones para vivir en democracia. 

Los hechos muestran que abusos, montajes y la actitud deliberante de Carabineros han superado todo límite. A un punto tal, que un porcentaje importante de la población ha dejado de considerar legítimo el accionar de la institución, declarándose en abierto desacato. Esto es extremadamente preocupante, porque implica un horadamiento del estado de derecho. Los ciudadanos deberían ver a la policía como los encargados de resguardar su legítimo derecho a manifestarse, no como su principal obstáculo.

La respuesta del mundo político ha sido, por decir poco, superficial y miope. Pretender reducir el escalamiento de la violencia política a un fenómeno meramente delictual no sólo es errado, sino que busca eludir el hecho que nuestra democracia ha sido incapaz de canalizar institucionalmente el sentir de millones de chilenos. Mientras tanto, de lado y lado, se repiten hasta el absurdo emplazamientos para denunciar en abstracto la violencia “venga de donde venga”, como si el mero pronunciamiento de ese mantra solucionara algo.

A estas alturas, creo que el primer paso para recomponer el abismo que se ha producido entre la política institucional y la sociedad, es proponernos contar con una policía civil, profesional, no deliberante y que responda ante el poder democrático. Emprender este camino es esencial para desescalar el conflicto en las calles, pero también es una condición necesaria para recuperar la confianza en la democracia como mecanismo de resolución de los conflictos.