Cómo domar a los gigantes de internet

Publicada originalmente el 13 de mayo de 2019 en La Segunda

La concentración de mercado de las plataformas digitales ha llego a un punto insostenible.Google concentra el 92.74% del mercado de motores de búsqueda. Facebook un 37% de los usuarios de redes sociales. Youtube (propiedad de Google) un 76,5% del mercado de plataformas para compartir videos y Whatsapp (también de Facebook) un 44% de los usuarios de servicios de mensajería. 

Una de las principales propuestas para enmendar esta situación es hacer un “break-up” de las grandes plataformas. Algo similar a cuando Estados Unidos ordenó dividir a la operadora Bellsouth en distintas compañías regionales. Esta operación permitió atenuar la posición dominante de AT&T y reducir los costos de telefonía a los consumidores. El aumento en la competencia ha sido señalado como una de las causas tras la emergencia de varias tecnologías disruptivas. 

Pero no todos los problemas se solucionan con más competencia. La regulación se debe hacer cargo de establecer obligaciones que los incentivos de mercado no son capaces de alcanzar. Se vuelve cada día más evidente que los usuarios deberían tener derecho a una “portabilidad de datos” y ser capaces de exportar su historial de publicaciones, contactos y demás al momento de migrar de servicio. Después de todo, no sirve de mucho si una red social ofrece más personalización y privacidad si todos mis conocidos siguen en Facebook y Twitter.

Criterios de interoperabilidad en servicios de mensajería permitirían a los usuarios comunicarse entre ellos independiente del servicio utilizado, a través de protocolos comunes. En el caso de las redes sociales, urge establecer mecanismos que entreguen al usuario el control de cómo la información le es presentada en el servicio (de forma cronológica, de sus contactos más cercanos, contenido más popular, etc.). Empoderar al usuario puede ir en contra de los intereses económicos de las plataformas, pero es necesario si como sociedad queremos combatir la difusión y circulación de la desinformación. 

Diseñar e implementar regulación de esta naturaleza es una tarea compleja y sensible, pero al mismo tiempo clave para asegurar el bienestar de los consumidores, los derechos de los usuarios e incluso la salud de nuestra democracia. 

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