La casa de vidrio

Publicado el 21 de febrero de 2020 en La Segunda

La reforma y modernización del sistema de notarios y conservadores es un demanda sentida por la ciudadanía, así como un consenso entre los expertos en el área. Sin embargo, en los términos en que está planteado actualmente, el proyecto que busca esta modernización generará un efecto similar a la publicación del padrón electoral y los datos de los chilenos por parte del SERVEL.

El proyecto pretende hacer disponible en internet un volumen enorme de información personal sensible, un paraíso para bancos y aseguradoras, pero también para actores ilegítimos que busquen perfilar a las personas, generar listas negras o discriminarlas en su acceso al trabajo, el crédito y otras prestaciones.

Será el registro civil quien mantenga un registro virtual abierto, con todas las escrituras públicas e inscripciones registrales. Más allá que resulta dudoso que este organismos cuente con la capacidad técnica para administrar este registro, los documentos que se harán disponibles en línea incluyen aquellos que contienen información delicada, como testamentos, interdicciones, embargos, reconocimiento de hijos, acuerdo completo y suficiente (cuidado común de hijos), finiquitos laborales, quiebras, etc. En otras palabras, muchísimos elementos de la vida económica, social y personal de la población.

Por supuesto que existen materias en donde la publicidad será un valor que debe anteponerse a la privacidad, como ocurre con el tráfico económico de la tierra. Pero operar bajo un criterio de tabula rasa y subir todo a internet sin distinción es un error que traerá gravísimas consecuencias a los derechos de las personas. 

En esta materia, vale la pena revisar la experiencia comparada. En Europa, para acceder a este tipo de registros públicos, la persona debe probar su calidad de ¨interesado¨. Es decir, el fundamento que justifica su acceso a los documentos.

Le corresponde al legislador distinguir qué documentos deben estar disponibles públicamente (ojalá disociados de la identidad de sus titulares), cuales deben estar disponibles a quienes demuestren la calidad de interesados y cuales sólo deben ser accedidos por quienes lo suscriben. Lo contrario, significa condenar a todos los chilenos a vivir en una verdadera casa de vidrio. 

Infraestructura crítica y ciberseguridad

Publicado el 4 de febrero en La Segunda

La Cámara de Diputados deberá discutir el proyecto de ley que permite al presidente ordenar a las Fuerzas Armadas resguardas ciertas infraestructuras críticas, sin la necesidad de decretar estado de excepción. Más allá de las consideraciones constitucionales, políticas y simbólicas, esto tiene una serie de consecuencias en materia de ciberseguridad. 

Desde la dictación de la Política Nacional de Ciberseguridad, la identificación, priorización y el establecimiento de resguardos especiales a las infraestructuras críticas relacionadas con el ciberespacio ha sido una prioridad de política pública y una aspiración transversal de los distintos actores que son parte del ecosistema digital.

El proyecto del ejecutivo echa por tierra esa expectativa, al establecer una definición excesivamente amplia de infraestructura crítica. Se entrega, de esta forma, al presidente de turno la facultad discrecional y carente de todo control para hacerse no sólo de los inmuebles que se busca proteger, sino también de sus equipos, sistemas y componentes.

Como bien ha señalado Daniel Álvarez, esto es inaceptable en términos de ciberseguridad, porque abre la puerta para que el poder político tome el control de cualquier red informática privada o de otro poder del estado, a través de un simple decreto. ¿Estarán dispuestas empresas como Google, Microsoft o Apple a invertir en Chile como polo de desarrollo digital si saben que sus redes, procesos tecnológicos y equipos pueden ser ocupados por el gobierno de turno por simple decreto?

Internet se ha convertido en la fuerza transformadora que modeló la entrada al siglo XXI justamente porque su esquema de gobernanza es multisectorial. Instituciones académicas, organismos internacionales, gobiernos, empresas y sociedad civil comparten distintos roles y responsabilidades, sin que ningún sector se pueda arrogar la capacidad de monopolizar la red de redes.

Avanzar hacia una identificación y resguardo de la infraestructura crítica -especialmente en materia digital- requiere de un debate ponderado, técnico y basado en la evidencia. Eso implica una aproximación desde la gestión de riesgos, estableciendo los controles y garantías que permitan enfrentar de forma conjunta los distintos riesgos y amenazas en el ciberespacio. Para ello se requiere fortalecer la cooperación entre distintos actores, no entregar atribuciones peligrosas y arbitrarias al poder estatal.

Bodycams y disciplina policial

Publicada el 9 de enero en La Segunda

La crisis social ha develado la imperiosa necesidad de reformar Carabineros de Chile. Como ha quedado claro en los últimos meses de movilización, escenarios complejos requieren una policía profesional, disciplinada y capaz de ejercer un uso focalizado, proporcional y eficiente de la fuerza. 

Una de las propuestas para alcanzar este objetivo ha sido reforzar el uso de cámaras portátiles (bodycams) para fiscalizar la correcta ejecución de operativos policiales. Sin embargo, la evidencia internacional muestra que su utilización no está exenta de dificultades.

Estas cámaras, por su carácter móvil y el ángulo en que graban, producen un efecto denominado “intensidad deceptiva”. Es decir, las grabaciones muchas veces presentan una situación mucho más conflictiva, sonora y compleja de lo que realmente es. Esto proporciona un contexto equívoco que puede servir para justificar casos de brutalidad policial, como ha sucedido en múltiples ocasiones en Estados Unidos.

Las bodycams también tienen el defecto de grabar exclusivamente desde la perspectiva de la persona que la usa. Distintos estudios explican por qué la psicología humana tiende a ponerse en la perspectiva del sujeto; por eso reaccionamos distinto cuando una grabación es en primera y no en tercera persona. Por otro lado, el sesgo de las grabaciones también se produce porque estas captan sólo un rango reducido del espectro visual de quien las usa, entregando una visión parcial e incompleta de la situación. 

Cuando las cámaras efectivamente captan imágenes que pueden servir como prueba en casos de excesos policiales, el acceso a ellas se dificulta, obstaculiza o derechamente los registros son eliminados. En cambio, cuando las imágenes respaldan el actuar policial, estas rápidamente son filtradas a la prensa. Así ha sucedido en múltiples casos de violencia racista en Estados Unidos y el asesinato de Camilo Catrillanca en nuestro país. 

Disciplinar nuestra policía al poder civil es una deuda de la transición. Ha sido la falta de voluntad política lo que ha impedido que esto haya ocurrido a la fecha, no la ausencia de medios tecnológicos para controlar el actuar de carabineros. Nuevamente vale la pena recordar: no existen soluciones técnicas a problemas políticos. 

Intervención extranjera

Publicado el 24 de diciembre en La Segunda

Carl Sagan solía decir que afirmaciones extraordinarias, requieren pruebas extraordinarias. El gobierno parece encontrarse en el otro extremo; a pesar de no haber presentado ninguna evidencia, ha aseverado repetidas veces que el estallido social ha contado con la participación de grupos y gobiernos extranjeros que buscan desestabilizar el país.  

El ministro Blumel prometió que esa incertidumbre se iba a disipar con la presentación de un informe “altamente sofisticado” basado en análisis de “big data” de las redes sociales. Mucha fanfarria para un documento completamente mundano y que no agrega nada que un usuario promedio no sepa: durante el estallido social hubo una proliferación de hashtags relacionados con la movilización y parte importante de la conversación fue guiada por usuarios con gran cantidad de seguidores, tanto a favor como en contra de la revuelta. 

Lo más decidor parece ser que un 31% de los mensajes proviene de cuentas localizadas fuera de Chile. Esto no tiene nada de extraordinario; naturalmente el mundo ha visto con atención lo que ha sucedido en nuestro país y se han generado múltiples instancias de solidaridad internacional a partir de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los últimos meses. También hay otros factores: muchas cuentas falsas suelen colgarse de hashtags que son tendencia mundial para hacer spam (publicidad de mala calidad) y cualquier chileno puede utilizar una VPN (virtual private network) para aparecer twitteando desde otro país. 

Más allá del bochorno, este episodio muestra la falta de voluntad del gobierno para analizar y comprender los factores sociales, económicos y demográficos que han gatillado la crisis. Sólo eso explica que hayan insistido en la tesis de la intervención extranjera, luego que importantes académicos nacionales advirtieron que estos análisis no son capaces de generar inteligencia sin ser cotejados con factores externos, que los datos utilizados son fácilmente manipulables y sus conclusiones no pueden asegurar que existió una real influencia en cómo se desarrolló la movilización.

Abandonar las teorías conspirativas es un importante paso para dejar de evadir el arduo y difícil camino que como sociedad nos espera: darle una respuesta política a una crisis política. 

Cuidemos la democracia

Publicado originalmente el 13 de diciembre en La Segunda

Al conversar sobre voto electrónico, naturalmente esperamos una discusión altamente técnica sobre tecnología, protocolos de cifrado y ciberseguridad. Sin embargo, muchas veces las consideraciones más simples son las más poderosas.

Claro que existen razones técnicas para objetar la pertinencia de las elecciones remotas. Ningún sistema informático es invulnerable; no se trata si pueden o no ser comprometidos, sino cuántos recursos es necesario invertir. ¿Se imaginan la crisis política que se produciría si el plebiscito constituyente de abril fracasa como fracasó la última elección de la UDI? 

Pero hay dos elementos aún más elementales que el voto a distancia no es capaz de asegurar. El primero es la autenticación: no es posible garantizar que la persona que está votando a distancia es quien dice ser. En la consulta municipal, el mecanismo de seguridad implementado es exigir el RUT y el número de serie de la cédula de identidad. Pero ese no es un número secreto, de hecho, consta en el mismo documento. En otras palabras, se incumple uno de los requisitos esenciales del voto: que sea personal e intransferible

Tampoco se puede garantizar que el voto sea de carácter secreto. Suena mundano, pero la verdad es que no es posible asegurar que la persona esté votando exenta de apremios y coacciones si lo está haciendo desde su hogar o celular. Siempre puede estar sujeta a presiones de su pareja abusadora, su familia o su empleador.

Y es que votar en una cabina -a solas- genera un espacio de absoluta libertad. Un espacio que no sólo está pensando para excluir a terceros, sino que para evitar que el individuo pueda producir prueba de cómo votó. Así, se impide que pueda vender su voto (aunque quiera hacerlo) o que sea víctima de extorsiones.  

Chile está pasando por una profunda crisis de legitimidad. Renunciar al secreto del voto en estas circunstancias no sólo abriría la puerta para el retorno del cohecho, la extorsión y el acarreo electoral, sino que también puede debilitar aún más la confianza en nuestro sistema político. Nuestro sistema electoral actual es transparente, eficiente y seguro. No lo echemos por la borda. 

La tecnología no es neutra

Publicado originalmente el 06 de diciembre de 2019 en La Segunda

Cada vez que se abre una discusión pública sobre la necesidad de regular un modelo de negocios basado en la tecnología, aparece un lugar común que distorsiona los términos del debate: que tecnología no es “buena” o “mala” en sí misma, sino que lo importante es el uso que le damos. Un ejemplo recurrente es el cuchillo, el cual puede ser utilizado curar a una persona, asesinarla o simplemente cocinar. 

Aunque entendible, esta visión pasa por alto que la tecnología es un producto histórico. Es un reflejo de nuestros procesos políticos, institucionales y sociales. No es un elemento aislado, sino que el reflejo del espíritu de la época, lo que hace que no sea posible utilizar una tecnología sin (hasta cierto punto) ser influenciado por ella. Los instrumentos inevitablemente seleccionan, amplifican o reducen aspectos de nuestra experiencia de distintas maneras, sea de forma tácita o porque su diseño así lo ha buscado. En palabras de Mowshowiz, las herramientas insisten en ser utilizadas de una forma particular.

Por eso Winston Churchil comentaba que las personas le damos forma a los edificios y luego los edificios nos dan forma a nosotros. En teoría, todos podríamos usar botellas retornables para tomar Coca-Cola, pero la sola emergencia de las botellas desechables dice mucho sobre aspectos particulares de nuestra cultura.

Estamos ante un fenómeno mucho más complejo que simplemente reducir a una decisión individual si las herramientas son utilizadas de forma positiva o negativa. Tomemos el ejemplo de las redes sociales. Un reciente estudio de Oxford, mostró que las redes sociales están diseñadas para maximizar la interacción y, que esto habilita la viralización y difusión de la desinformación y el discurso de odio. ¿Pueden los usuarios hacer lo posible para minimizar este efecto? Probablemente, pero difícilmente podrán revertir las consecuencia generadas por el diseño mismo de la red social.

Una forma más productiva de superar la pasividad y plantear la discusión pública es aceptar que la tecnología puede ser modelada para producir cambios sociales positivos o negativos. Bajo este esquema estamos obligados a tomar posición y preguntarnos ¿de cuál lado estaremos?

Fact-checking en tiempos de crisis

Publicado originalmente el 28 de octubre de 2019 en La Segunda

En tiempos convulsionados, la circulación de desinformación (fake news) se vuelve aún más perjudicial para nuestra democracia. Para combatirla, varios medios se han embarcado en la noble labor de verificar (fact-check) el contenido que se ha vuelto viral en redes sociales.

 Hasta el momento, las iniciativas de verificación han utilizado la figura del semáforo: verdadero, falso o incierto. La evidencia comparada muestra que esta metodología tiene varios problemas, especialmente porque sólo traslada el problema de la confianza. La crisis de legitimidad de la prensa tradicional también es un factor que ha promovido la desinformación. La pregunta, entonces, es ¿si desconfío de una fuente en particular, por qué voy a creer en el medio que busca corroborarla?

 También existe un problema de interpretación. Hay hechos cuya constatación es derechamente objetiva y hay opiniones que podemos considerar falsas y ofensivas, pero que son incontrastables. Entre estos dos extremos se encuentran una serie de declaraciones en donde se juega el corazón del debate político, cuya interpretación necesariamente es subjetiva y está sujeta a juicios de valor.

 Una alternativa es presentarle a los lectores los antecedentes disponibles para que ellos lleguen a una conclusión, en vez de simplemente declarar que es verdadero y qué es falso. Bajo esta metodología, la interpretación del medio se presenta al final del texto como sugerencia, nunca como titular.

 Otro problema es que el fact-checking es una foto estática de una situación. Un hecho puede ser calificado como falso en su momento, pero luego surgir antecedentes que demuestren su veracidad (como sucedió en las elecciones estadounidenses y la intervención rusa). Es conveniente que los medios habiliten una sección digital que permita darle seguimiento a sus notas.

 Por último, se requiere un verdadero contraste de fuentes para verificar la veracidad de una afirmación. Si sólo se cuenta con el testimonio de la parte involucrada, entonces es imposible considerar que el hecho fue corroborado.

 Estas son sólo algunas recomendaciones para mejorar un campo que todavía está en pañales, pero son un primer paso para que estas incipientes iniciativas se transformarán en un aporte a la integridad del debate público.

Redes sociales gratis

Publicado originalmente el 8 de octubre de 2019 en La Segunda

Internet es el fenómeno mundial que conocemos porque desde un comienzo fue concebida como una red abierta, descentralizada y neutral. Esto significa que las empresas de telecomunicaciones no pueden discriminar entre los paquetes que pasan por su red, impidiendo que se transformen en custodios capaces de bloquear o priorizar arbitrariamente cierto contenido por sobre otro. 

A pesar de ello, en nuestro país abundan planes que ofrecen redes sociales gratis (zero-rating). En estas ofertas, las empresas necesariamente priorizan -al menos comercialmente- el tráfico de ciertas aplicaciones en desmedro de otras. 

Esto tiene un efecto perjudicial en la innovación y la competencia. Bajo este esquema, los nuevos competidores tienen que superar una gravosa barrera de entrada: que una parte de la población pueda usar las aplicaciones dominantes sin que les signifique gastar megas de navegación.

Pero esta situación también tiene consecuencias sociales, ya que la población de menores recursos se ve obligada a hacer un uso estratégico de sus planes de navegación. Quedan, de este modo, atrapados en una versión cerrada, corporativa y limitada de internet. 

Los defensores del zero-rating argumentan que un poco de internet es mejor que nada de internet, pero lo cierto es que la población vulnerable necesita conectividad para emprender, buscar trabajo, educarse y postular a beneficios estatales; no sólo para usar redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Incluso nuestro proceso electoral se  puede ver afectado por la existencia de este tipo de esquemas. En las últimas elecciones de Brasil, una parte importante de la población que -por razones económicas- se informó exclusivamente a través de sus planes de redes sociales gratis se vio expuesta a una agresiva campaña de desinformación, sin tener siquiera la posibilidad teórica de corroborar esa información a través de otras fuentes.

En esta materia, vale la pena revisar la evidencia comparada. La prohibición de este tipo de ofertas en algunos países ha venido aparejada con un aumento de la competencia, mejores precios y topes de navegación más altos para los usuarios. De esta forma, se ha potenciado el acceso de la población al conjunto y no sólo a una parte específica de internet.

La espada de Damocles

Publicado originalmente el 24 de septiembre de 2019 en La Segunda

Escuchar a una figura pública anunciar que se querellará contra un particular por el delito de injuria o calumnia, se ha vuelto tan rutinario que ya forma parte de nuestra cotidianidad política. 

Pero hay algo intrínsecamente problemático en el hecho que alguien arriesgue penas de cárcel por haber emitido un juicio o una opinión. En primer lugar, porque se presta para el comportamiento estratégico: la forma más eficaz para acallar discursos críticos, oponentes políticos y periodistas ejerciendo su labor de investigación es la amenaza de tener que enfrentar un proceso penal.

De hecho, la sola posibilidad de ser víctima de una querella puede ser suficiente disuasivo para producir un efecto inhibitorio. Aun cuando un acusado de injuria sea inocente, las consecuencias económicas, laborales y reputacionales de un proceso donde se arriesga la cárcel puede significar que los individuos se restrinjan de ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión. Esta amenaza velada genera un ambiente periodístico pacato y poco atrevido, incapaz de aventurarse en donde es más necesaria su labor: en situaciones que incomodan al poder político. 

Pero no sólo los periodistas han sido víctimas de esta espada de Damocles. Recientemente hemos sido testigos de cómo las querellas de injuria han sido utilizadas por académicos para amedrentar a estudiantes que se han atrevido a denunciar situaciones de acoso sexual y por alcaldes para perseguir a ciudadanos que los critican por redes sociales. 

No se trata de que las figuras públicas -quienes deben soportar un mayor nivel de escrutinio por parte de la sociedad- no cuenten con herramientas para defenderse ante expresiones de mala fe que busquen dañar su honra. Se trata que estas herramientas sean proporcionales y no se transformen en armas de intimidación que acallen el debate público.

En esta materia, vale la pena imitar a países como Estados Unidos o México, donde la persecución de este tipo de conductas injuriosas no es criminal, sino que a través de una acción indemnizatoria en un juicio civil. De esta forma, nos acercaremos un poco más a un marco institucional que habilite una esfera pública plural, desinhibida y vigorosa.

Inflados por las redes

Publicado originalmente el 9 de septiembre de 2019 en La Segunda

Esta semana tuvo lugar la marcha contra la inmigración y el “globalismo” convocada por organizaciones nacionalistas y socialpatriotas. A pesar de haber sido convocada con un mes de anticipación, contar con autorización de la intendencia y haber sido anunciada en los principales medios de comunicación, la convocatoria no superó las 50 personas. 

Son buenas noticias para nuestra democracia, ya que se trataba de una manifestación abiertamente racista y xenófoba; pero este episodio nos debe llamar a reflexionar sobre la enorme desproporción que existe entre la falta de representatividad de estos grupos y la cobertura mediática que reciben. 

Se trata de un fenómeno recurrente en las principales democracias del mundo: discursos extremos y teorías conspirativas se toman la discusión pública a pesar de ser completamente marginales e indefendibles.

Uno de los aspectos positivos de las redes sociales, es que proporcionan una plataforma de expresión a grupos que históricamente no han tenido acceso a los medios de comunicación. El problema es que el modelo de negocio de estas plataformas prioriza la visibilidad del contenido que más interacciones produce, el que suele ser de carácter polémico, incendiario o provocador. De ahí que cualquiera que entre a Twitter podría llevarse la impresión de que realmente estamos discutiendo si es buena idea salirse de la ONU. 

Por otro lado, la crisis de financiamiento por la que están pasando los medios de comunicación ha hecho que sus criterios editoriales cedan cada vez más ante la presión del rating. De ahí que quienes convocaron a esta marcha hayan sido invitados a los principales matinales y la manifestación haya sido objeto de portada en importantes diarios. 

Es fácil quedarse con la impresión de que entregarle legitimidad a expresiones que constantemente traspasan el límite del discurso de odio es un mal necesario para nuestro debate público. Sin embargo, el alza del nacionalismo blanco en Estados Unidos y el Brexit en el Reino Unido son buenos ejemplos de cómo estos discursos marginales y basados en la desinformación pueden pasar a la primera fila de la política si naturalizamos el lugar exagerado que las redes y los medios les han otorgado.