Los costos de la brecha digital

Publicado originalmente el 26 de marzo de 2020 en La Segunda

La emergencia sanitaria y la solidaridad social nos ha obligado a realizar a distancia todas aquellas actividades que, por su naturaleza, no requieren ser ejecutadas presencialmente. Un verdadero reto para nuestro sistema educativo y para los distintos sectores productivos.

Esto ha servido para recordarnos que quienes realmente mantienen a la sociedad funcionando, son quienes cumplen labores que solemos denominar de forma peyorativa “trabajo no calificado”. Pero también ha servido para caer en cuenta del profundo impacto que produce la brecha digital en el acceso a internet en momentos de crisis.

Quienes nos dedicamos a la docencia, hemos sido testigos directos de cómo muchos estudiantes universitarios simplemente no tienen acceso a una conexión que les permita acceder a clases virtuales. Es de esperar que la situación sea más dramática en colegios públicos y subvencionados.

En la última década, Chile ha experimentado un explosivo aumento en la penetración de internet en los hogares. De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 87,4% de los hogares cuenta con algún tipo de conectividad; sin embargo, al desmenuzar las cifras, es posible constatar que del total de conexiones, el 84,8% corresponde a internet móvil. Datos del 2019, muestran que aproximadamente un 38% del total hogares no cuenta con acceso a banda ancha, de los cuales casi un 80% corresponden a sectores rurales. Al mismo tiempo, existen 110 comunas en donde la internet fija sólo alcanza un 5%.

Cargarle 5.000 pesos a un teléfono de prepago de gama media, para poder hacer uso de planes que ofrecen redes sociales y WhatsApp gratis es, en estricto rigor, tener acceso a internet. Pero no es una situación que permita aprovechar el verdadero potencial de la red: buscar trabajo, emprender, investigar, acceder a servicios estatales y ser partícipes de los avances de la ciencia y la cultura.

El proceso constitucional representa una oportunidad, no sólo para declarar el acceso a internet como un servicio básico o esencial (como la luz, agua, alcantarillado y gas), sino que transformar el acceso a una conexión de calidad en un derecho fundamental.

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