Publicado originalmente el 15 de junio de 2020 en La Segunda
El movimiento feminista, junto a distintas organizaciones internacionales, ha denunciado una agudización de la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia. De acuerdo a la información disponible, a partir de marzo, las denuncias por violencia intrafamiliar en Carabineros y Fiscalía bajaron un 14 y 20% respecto al 2019. Sin embargo, los llamados a líneas de emergencia como el 149 o el 1455 han aumentado 20 y 70%, respectivamente, en el mismo periodo.
El entorno digital no está ajeno a este fenómeno. A medida que aumenta nuestra dependencia en los servicios digitales, un porcentaje cada vez mayor de nuestras interacciones sociales se realizan virtualmente. El ciberespacio se transforma, de esta forma, en un lugar donde se materializan distintos tipos de violencia contra las mujeres, entre ellas: ataques verbales, acoso y hostigamiento, así como la suplantación de identidad y la publicación de información personal en internet (doxing).
Una de estas formas de violencia es la difusión no consentida de material íntimo, o pornografía no consentida. Una de las principales dificultades que enfrentan las víctimas, de esta forma de violencia de género, es que nuestro Código Penal sanciona a quienes, sin autorización, captan, interceptan, graban comunicaciones privadas. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, el material íntimo o sexual es producido con el consentimiento de la víctima, por ejemplo, al interior de una relación de pareja, y luego son compartidas y puestas a disposición de terceros sin autorización de la persona afectada. Muchas veces esta exposición es realizada con la intención de exponer, humillar o extorsionar a la víctima.
El proyecto de Ley Pack, liderado por un grupo transversal de parlamentarias, es un primer paso en la materia y su aprobación puede convertirse en el puntapié inicial para un debate más profundo. Sin embargo, la violencia de género en línea tiene como correlato un modelo de relaciones sociales que no considera la autodeterminación de las mujeres como un valor intransable. Por ello, la modificación de nuestro sistema legal es un paso necesario, pero no suficiente para transformar el ciberespacio en un lugar seguro para las mujeres.
Pablo Viollier 