Publicada originalmente en La Segunda el 1 de junio de 2020
El ministro Mañalich anunció que está evaluando la posibilidad de expropiar la patente de un laboratorio para facilitar la fabricación de insumos relacionados a la pandemia. Es un interesante debate, que tendremos que revisitar cuando la primera vacuna contra el COVID-19 vea la luz.
Desde su concepción en el siglo XVIII, la propiedad intelectual fue pensada como un contrato social en donde la comunidad entrega un monopolio de explotación a un individuo, con el objetivo de que esta concesión genere un incentivo para la creatividad y la innovación. En otras palabras, la protección de las creaciones intelectuales no es un fin en sí mismo, sino que está supeditada a que esta promueva el florecimiento de un dominio público robusto y vibrante, que a futuro pueda ser aprovechado sin restricciones.
En el área farmacéutica, por otro lado, existen importantes aspectos éticos a tener en consideración. Imaginemos que un laboratorio gana la carrera para crear una vacuna contra el COVID-19 y la patenta. Ese laboratorio podría impedir que otros produzcan ese medicamento esencial y cobrar precios monopólicos por un período de 20 años.
Algo así sucedió durante los años 90. El precio del primer tratamiento para el VIH/SIDA era tan alto, que resultó inaccesible para los sistemas de salud de los países con menos recursos. La respuesta de la comunidad internacional se plasmó en la Declaración de DOHA, que reafirma la capacidad de los países para extender patentes obligatorias con el fin de asegurar la producción de medicamentos esenciales.
Las patentes obligatorias, no constituyen, en estricto rigor, una expropiación. Más bien, establecen que bajo ciertas circunstancias excepcionales, incluyendo las crisis sanitarias, el producto protegido podrá producirse sin la autorización de su titular, quien deberá ser compensando por el uso de su patente.
Actualmente, esta figura se encuentra recogida en nuestra legislación, y es probable que inmunizar a la población contra el COVID-19 implique un gasto presupuestario excesivo y desproporcionado. Al respecto, resulta conveniente estudiar la resolución adoptada por Cámara de Diputados el pasado 17 de marzo, reforzando la necesidad de hacer uso de esta herramienta para racionalizar el uso de recursos y superar la pandemia.
Pablo Viollier 