Publicado originalmente el 15 de junio de 2020 en La Segunda

El movimiento feminista, junto a distintas organizaciones internacionales, ha denunciado una agudización de la violencia contra las mujeres en el contexto de la pandemia. De acuerdo a la información disponible, a partir de marzo, las denuncias por violencia intrafamiliar en Carabineros y Fiscalía bajaron un 14 y 20% respecto al 2019. Sin embargo, los llamados a líneas de emergencia como el 149 o el 1455 han aumentado 20 y 70%, respectivamente, en el mismo periodo.

El entorno digital no está ajeno a este fenómeno. A medida que aumenta nuestra dependencia en los servicios digitales, un porcentaje cada vez mayor de nuestras interacciones sociales se realizan virtualmente. El ciberespacio se transforma, de esta forma, en un lugar donde se materializan distintos tipos de violencia contra las mujeres, entre ellas:  ataques verbales, acoso y hostigamiento, así como la suplantación de identidad y la publicación de información personal en internet (doxing).

Una de estas formas de violencia es la difusión no consentida de material íntimo, o pornografía no consentida. Una de las principales dificultades que enfrentan las víctimas, de esta forma de violencia de género, es que nuestro Código Penal sanciona a quienes, sin autorización, captan, interceptan, graban comunicaciones privadas. Sin embargo, en la mayoría de estos casos, el material íntimo o sexual es producido con el consentimiento de la víctima, por ejemplo, al interior de una relación de pareja, y luego son compartidas y puestas a disposición de terceros sin autorización de la persona afectada. Muchas veces esta exposición es realizada con la intención de exponer, humillar o extorsionar a la víctima.

El proyecto de Ley Pack, liderado por un grupo transversal de parlamentarias, es un primer paso en la materia y su aprobación puede convertirse en el puntapié inicial para un debate más profundo. Sin embargo, la violencia de género en línea tiene como correlato un modelo de relaciones sociales que no considera la autodeterminación de las mujeres como un valor intransable. Por ello, la modificación de nuestro sistema legal es un paso necesario, pero no suficiente para transformar el ciberespacio en un lugar seguro para las mujeres.

Publicada el 14 de abril de 2020 en La Segunda

La pandemia tiene al mundo sumido en un experimento forzado sobre la viabilidad de la educación a distancia. En general, las instituciones educativas han sido reacias a adaptarse, operando bajo el supuesto que aula virtual es simplemente un aula presencial, pero por internet.

Así, han insistido tozudamente en que las clases se realicen de forma sincrónica. Sin embargo, la dificultad para interactuar con el docente y las distracciones de estar frente a un computador disminuyen, aún más, la capacidad de los estudiantes para concentrarse por largos períodos de tiempo. Por otro lado, no todos los hogares tienen más de un computador. Si uno de los padres debe teletrabajar, los miembros del hogar que deben asistir a clases quedan privados de un dispositivo.

Resultaría más adecuado que los docentes graben breves cápsulas, dividiendo sus clases en tres o cuatro secciones y las suban a plataformas que optimicen los recursos para su acceso. Luego, se puede generar una breve sesión para discutir las dudas de los estudiantes, o utilizar mecanismos de comunicación diferida, como foros de discusión.

En cuanto a las evaluaciones, muchos docentes han pretendido -ya sea por comodidad o sobrecarga de trabajo- mantener la utilización de pruebas de verdadero y falso, alternativas o preguntas cortas de mero conocimiento. Para combatir la posibilidad de plagio, se ha recurrido a ideas ridículas, como obligar a los estudiantes a rendir sus evaluaciones con la cámara web encendida o rastrear su dirección IP. 

En realidad, es imposible evitar que los estudiantes hagan trampa a distancia. Un cambio en la forma de realizar la labor docente necesariamente debe ir acompañada de un cambio en la metodología de evaluación. En otras palabras, se debe medir el rendimiento de los estudiantes a través de evaluaciones en donde sea irrelevante si estos tienen acceso a sus apuntes, internet o a discutir con sus compañeros. 

A la larga, esto último resultará positivo, ya que puede ayudarnos a dejar atrás el anticuado paradigma de simplemente medir la capacidad de memorizar, y comenzar a evaluar a los estudiantes por su capacidad de análisis, síntesis y de aplicar lo aprendido. 

Publicado originalmente el 26 de marzo de 2020 en La Segunda

La emergencia sanitaria y la solidaridad social nos ha obligado a realizar a distancia todas aquellas actividades que, por su naturaleza, no requieren ser ejecutadas presencialmente. Un verdadero reto para nuestro sistema educativo y para los distintos sectores productivos.

Esto ha servido para recordarnos que quienes realmente mantienen a la sociedad funcionando, son quienes cumplen labores que solemos denominar de forma peyorativa “trabajo no calificado”. Pero también ha servido para caer en cuenta del profundo impacto que produce la brecha digital en el acceso a internet en momentos de crisis.

Quienes nos dedicamos a la docencia, hemos sido testigos directos de cómo muchos estudiantes universitarios simplemente no tienen acceso a una conexión que les permita acceder a clases virtuales. Es de esperar que la situación sea más dramática en colegios públicos y subvencionados.

En la última década, Chile ha experimentado un explosivo aumento en la penetración de internet en los hogares. De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 87,4% de los hogares cuenta con algún tipo de conectividad; sin embargo, al desmenuzar las cifras, es posible constatar que del total de conexiones, el 84,8% corresponde a internet móvil. Datos del 2019, muestran que aproximadamente un 38% del total hogares no cuenta con acceso a banda ancha, de los cuales casi un 80% corresponden a sectores rurales. Al mismo tiempo, existen 110 comunas en donde la internet fija sólo alcanza un 5%.

Cargarle 5.000 pesos a un teléfono de prepago de gama media, para poder hacer uso de planes que ofrecen redes sociales y WhatsApp gratis es, en estricto rigor, tener acceso a internet. Pero no es una situación que permita aprovechar el verdadero potencial de la red: buscar trabajo, emprender, investigar, acceder a servicios estatales y ser partícipes de los avances de la ciencia y la cultura.

El proceso constitucional representa una oportunidad, no sólo para declarar el acceso a internet como un servicio básico o esencial (como la luz, agua, alcantarillado y gas), sino que transformar el acceso a una conexión de calidad en un derecho fundamental.

Publicado el 06 de marzo de 2020 en La Segunda

La discusión sobre el efecto de la desinformación o fake news en las elecciones ha estado dominada por el alarmismo. A partir del caso Cambridge Analytica se ha instalado que el perfilamiento y la propaganda digital dirigida son capaces de manipular y determinar el resultado de una elección. Esta narrativa ha generado el temor que este tipo de campañas afecten el resultado de nuestro proceso constituyente.

Sin embargo, la investigación publicada a partir de la última elección estadounidense da cuenta de un panorama distinto. El problema de responsabilizar a las campañas de desinformación de los resultados electorales es que pasa por asumir que los principios que gobiernan la propaganda política son los mismos que aplican al marketing comercial.

En realidad ambas esferas responden a lógicas muy distintas. El marketing descansa en la existencia de asimetrías de información (nadie puede estudiar todos los productos que adquiere) y un consumo periódico de los mismos (si se elige mal, la próxima vez se compra otro producto). En cambio, en política los individuos sólo pueden decidir cada cuatro años, y han tenido toda su vida para tener claro qué representa cada sector del espectro político. En otras palabras, tiene sentido bombardear a un consumidor con una marca de lavaloza porque es probable que al encontrarse frente al anaquel compre el que más “le suena”, pero es particularmente difícil lograr que alguien que ha votado tradicionalmente por un sector político cambie su voto.

Por ello, la evidencia muestra que el efecto de las campañas digitales sobre las elecciones es muy bajo o nulo ¿Significa esto que la circulación de información falsa o de mala calidad es inocua? Para nada. El efecto no necesariamente consiste en la capacidad de determinar el resultado de una votación, sino en el potencial para distorsionar las reglas del intercambio honesto de posturas e impedir que exista una sana discusión pública.

Entregar a la población las herramientas que les permitan a los individuos diferenciar el contenido producido por fuentes confiables respecto de la información de mala calidad o generada con una intención dolosa será clave para enfrentar este desafío.