Publicada originalmente el 27 de mayo de 2019 en La Segunda

Cuando se trata de transparencia, solemos razonar en términos dicotómicos: o es público y de libre acceso o es privado y reservado; sin medias tintas. Esta distinción absoluta tenía sentido cuando la revisión de documentos y bases de datos debía realizarse de forma individual y a mano, pero la emergencia de herramientas para automatizar la recolección y procesamiento de datos nos obligan a abordar el tema de forma más sofisticada. 

Un buen ejemplo es la reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el acceso al registro de nombres de dominio. Una persona pidió a NIC Chile (entidad encargado de administrar el .cl) el listado de todos los sitios web inscritos en Chile, información que en estricto rigor es pública y se puede consultar libremente en la página del organismo. Pero es distinto poder revisar manualmente qué página en particular ha sido inscrita, quien es su titular y cuando vence el registro, que contar con el listado completo de los sitios web que han sido inscritos a la fecha. 

La Corte decidió rechazar la solicitud, a pesar de no que no contenía información de carácter personal, justamente porque contar con el listado de los 575.430 nombres de dominio permite automatizar la obtención de información sobre los titulares detrás de esos sitios web. Del mismo modo, la entrega de esta información de forma total e indiscriminada podría generar problemas de ciberseguridad, tales como facilitar ataques a servidores, phishing, spam u otros. 

Algo similar ocurre con el padrón electoral. El Servel está obligado por ley a publicar la información electoral de todos los chilenos habilitados para votar, incluyendo nombre, RUT y dirección electoral. Por muchos años esa información se subió a internet en un archivo PDF, alimentando la creación de un sinfín de bases de datos de dudosa legitimidad. 

¿Corresponde que los ciudadanos puedan consultar la situación electoral de personas determinadas? Claro que sí ¿Necesariamente implica entregar acceso total e indiscriminado a bases de datos que pueden ser abusadas? Para nada. La jurisprudencia ya ha sabido reconocer esta distinción, es momento que la legislación haga lo mismo.

Publicado originalmente el 15 de febrero de 2019 en La Segunda

El alcalde Joaquín Lavín y la cuenta institucional de la Municipalidad de Santiago han adquirido la práctica recurrente de subir fotos de presuntos sospechosos de delinquir en sus comunas a redes sociales. Estas fotografías de personas reducidas, muchas veces ensangrentadas y denigradas van acompañadas de mensajes llenos autocomplacencia sobre la gran labor que los organismos de seguridad vecinal están cumpliendo. Por supuesto, también están cargadas de desdén y desprecio por la persona capturada, a la que ya han declarado culpable y expuesto al juicio público a través de Twitter. 

La implementación de registros públicos como el DICOM del Transantiago o el registro de estudiantes deudores del Fondo Solidario resultan menos escandalosos, pero siguen la misma lógica: el Estado utiliza la exposición pública como elemento disuasivo. Poco importa el efecto a largo plazo que ello pueda significar en la capacidad de las personas de acceder al crédito, el trabajo y la vida social.

¿Qué tienen estas situaciones en común? Por un lado, son un buen ejemplo instituciones públicas que no sólo abandonan su función de proteger la privacidad y los datos personales de los ciudadanos, sino que activamente buscan exponerlos públicamente, usando la humillación y el escarnio público como sanción.

Pero más allá de la legalidad de estas medidas, la utilización del escarnio público como arma constituye una regresión autoritaria que nos retrotrae a una mentalidad medieval. Dejamos atrás la presunción de inocencia, el debido proceso y la proporcionalidad de la pena y nos entregamos de lleno a la vieja práctica de amarrar al acusado al cepo en la plaza pública. Ahí, el “otro” debe ser expuesto a la humillación, escupido y vilipendiado por sus pares, a plena vista del resto del pueblo.

Hoy es internet la nueva plaza en donde nuestros funcionarios electos colocan el cepo y deciden a quienes entregar a las fauces del juicio público. La pregunta es ¿realmente queremos vivir en una sociedad en donde nuestros representantes estén dispuestos a cometer estas bajezas sólo por un par de puntos en las encuestas?