Mi selfie, ¿mi problema?

Publicada originalmente el 22 de julio de 2019 en La Segunda

FaceApp es la nueva aplicación de moda. Es muy simple: te sacas una foto y la aplicación la modifica para mostrarte 20 años mayor o cómo te verías con la edad de un niño. Hasta ahí todo bien. 

El problema es que los términos y condiciones establecen que al usar el servicio se otorga a la empresa una licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva e internacional para usar, modificar y reproducir el contenido creado por el usuario. A todas vistas un abuso, especialmente teniendo en consideración que los rasgos faciales son un dato sensible. 

Los desarrolladores han declarado que -en la práctica- los datos se almacenan en Amazon, se eliminan luego de 48 horas y no se utilizan para fines distintos que el funcionamiento de la aplicación. Eso puede ser cierto, pero no es lo que dicen las condiciones. Acá hay una lección para los abogados: no siempre es el mejor camino redactar cláusulas excesivamente amplias y abusivas para blindar al cliente. 

Por otro lado, la narrativa hasta el momento ha sido culpar al usuario. Si un individuo acepta condiciones abusivas, entonces después no se puede quejar. Urge cambiar esta mentalidad. Las personas tienen derecho a usar una aplicación simpática sin tener que temer que sus datos van a terminar siendo traficados. 

La evidencia muestra que al momento de instalar un programa o aplicación, prácticamente nadie lee los términos y condiciones. Incluso cuando un usuario se propone hacerlo, distintas investigaciones muestran que el contenido suele ser tan complejo que para entenderlo se requiere un nivel educativo equivalente a estudios de magíster. Para rematar, los documentos siempre están en inglés y las aplicaciones competidoras tampoco ofrecen mejores condiciones.

En otras palabras, el consentimiento por sí solo no es una forma efectiva de proteger a las personas. Otras ramas del derecho -como el derecho del trabajo y el derecho del consumidor- reconocen hace décadas la existencias de asimetrías de poder e información entre trabajadores, consumidores y empresas. La tramitación del proyecto de ley de datos personales se presenta como una oportunidad para avanzar en el mismo sentido, imponiendo resguardos sustantivos a los derechos de los usuarios.

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