Publicado el 21 de febrero de 2020 en La Segunda
La reforma y modernización del sistema de notarios y conservadores es un demanda sentida por la ciudadanía, así como un consenso entre los expertos en el área. Sin embargo, en los términos en que está planteado actualmente, el proyecto que busca esta modernización generará un efecto similar a la publicación del padrón electoral y los datos de los chilenos por parte del SERVEL.
El proyecto pretende hacer disponible en internet un volumen enorme de información personal sensible, un paraíso para bancos y aseguradoras, pero también para actores ilegítimos que busquen perfilar a las personas, generar listas negras o discriminarlas en su acceso al trabajo, el crédito y otras prestaciones.
Será el registro civil quien mantenga un registro virtual abierto, con todas las escrituras públicas e inscripciones registrales. Más allá que resulta dudoso que este organismos cuente con la capacidad técnica para administrar este registro, los documentos que se harán disponibles en línea incluyen aquellos que contienen información delicada, como testamentos, interdicciones, embargos, reconocimiento de hijos, acuerdo completo y suficiente (cuidado común de hijos), finiquitos laborales, quiebras, etc. En otras palabras, muchísimos elementos de la vida económica, social y personal de la población.
Por supuesto que existen materias en donde la publicidad será un valor que debe anteponerse a la privacidad, como ocurre con el tráfico económico de la tierra. Pero operar bajo un criterio de tabula rasa y subir todo a internet sin distinción es un error que traerá gravísimas consecuencias a los derechos de las personas.
En esta materia, vale la pena revisar la experiencia comparada. En Europa, para acceder a este tipo de registros públicos, la persona debe probar su calidad de ¨interesado¨. Es decir, el fundamento que justifica su acceso a los documentos.
Le corresponde al legislador distinguir qué documentos deben estar disponibles públicamente (ojalá disociados de la identidad de sus titulares), cuales deben estar disponibles a quienes demuestren la calidad de interesados y cuales sólo deben ser accedidos por quienes lo suscriben. Lo contrario, significa condenar a todos los chilenos a vivir en una verdadera casa de vidrio.
Pablo Viollier 