Publicado originalmente el 26 de marzo de 2020 en La Segunda

La emergencia sanitaria y la solidaridad social nos ha obligado a realizar a distancia todas aquellas actividades que, por su naturaleza, no requieren ser ejecutadas presencialmente. Un verdadero reto para nuestro sistema educativo y para los distintos sectores productivos.

Esto ha servido para recordarnos que quienes realmente mantienen a la sociedad funcionando, son quienes cumplen labores que solemos denominar de forma peyorativa “trabajo no calificado”. Pero también ha servido para caer en cuenta del profundo impacto que produce la brecha digital en el acceso a internet en momentos de crisis.

Quienes nos dedicamos a la docencia, hemos sido testigos directos de cómo muchos estudiantes universitarios simplemente no tienen acceso a una conexión que les permita acceder a clases virtuales. Es de esperar que la situación sea más dramática en colegios públicos y subvencionados.

En la última década, Chile ha experimentado un explosivo aumento en la penetración de internet en los hogares. De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, el 87,4% de los hogares cuenta con algún tipo de conectividad; sin embargo, al desmenuzar las cifras, es posible constatar que del total de conexiones, el 84,8% corresponde a internet móvil. Datos del 2019, muestran que aproximadamente un 38% del total hogares no cuenta con acceso a banda ancha, de los cuales casi un 80% corresponden a sectores rurales. Al mismo tiempo, existen 110 comunas en donde la internet fija sólo alcanza un 5%.

Cargarle 5.000 pesos a un teléfono de prepago de gama media, para poder hacer uso de planes que ofrecen redes sociales y WhatsApp gratis es, en estricto rigor, tener acceso a internet. Pero no es una situación que permita aprovechar el verdadero potencial de la red: buscar trabajo, emprender, investigar, acceder a servicios estatales y ser partícipes de los avances de la ciencia y la cultura.

El proceso constitucional representa una oportunidad, no sólo para declarar el acceso a internet como un servicio básico o esencial (como la luz, agua, alcantarillado y gas), sino que transformar el acceso a una conexión de calidad en un derecho fundamental.

Publicado el 06 de marzo de 2020 en La Segunda

La discusión sobre el efecto de la desinformación o fake news en las elecciones ha estado dominada por el alarmismo. A partir del caso Cambridge Analytica se ha instalado que el perfilamiento y la propaganda digital dirigida son capaces de manipular y determinar el resultado de una elección. Esta narrativa ha generado el temor que este tipo de campañas afecten el resultado de nuestro proceso constituyente.

Sin embargo, la investigación publicada a partir de la última elección estadounidense da cuenta de un panorama distinto. El problema de responsabilizar a las campañas de desinformación de los resultados electorales es que pasa por asumir que los principios que gobiernan la propaganda política son los mismos que aplican al marketing comercial.

En realidad ambas esferas responden a lógicas muy distintas. El marketing descansa en la existencia de asimetrías de información (nadie puede estudiar todos los productos que adquiere) y un consumo periódico de los mismos (si se elige mal, la próxima vez se compra otro producto). En cambio, en política los individuos sólo pueden decidir cada cuatro años, y han tenido toda su vida para tener claro qué representa cada sector del espectro político. En otras palabras, tiene sentido bombardear a un consumidor con una marca de lavaloza porque es probable que al encontrarse frente al anaquel compre el que más “le suena”, pero es particularmente difícil lograr que alguien que ha votado tradicionalmente por un sector político cambie su voto.

Por ello, la evidencia muestra que el efecto de las campañas digitales sobre las elecciones es muy bajo o nulo ¿Significa esto que la circulación de información falsa o de mala calidad es inocua? Para nada. El efecto no necesariamente consiste en la capacidad de determinar el resultado de una votación, sino en el potencial para distorsionar las reglas del intercambio honesto de posturas e impedir que exista una sana discusión pública.

Entregar a la población las herramientas que les permitan a los individuos diferenciar el contenido producido por fuentes confiables respecto de la información de mala calidad o generada con una intención dolosa será clave para enfrentar este desafío. 

Publicado originalmente el 06 de diciembre de 2019 en La Segunda

Cada vez que se abre una discusión pública sobre la necesidad de regular un modelo de negocios basado en la tecnología, aparece un lugar común que distorsiona los términos del debate: que tecnología no es “buena” o “mala” en sí misma, sino que lo importante es el uso que le damos. Un ejemplo recurrente es el cuchillo, el cual puede ser utilizado curar a una persona, asesinarla o simplemente cocinar. 

Aunque entendible, esta visión pasa por alto que la tecnología es un producto histórico. Es un reflejo de nuestros procesos políticos, institucionales y sociales. No es un elemento aislado, sino que el reflejo del espíritu de la época, lo que hace que no sea posible utilizar una tecnología sin (hasta cierto punto) ser influenciado por ella. Los instrumentos inevitablemente seleccionan, amplifican o reducen aspectos de nuestra experiencia de distintas maneras, sea de forma tácita o porque su diseño así lo ha buscado. En palabras de Mowshowiz, las herramientas insisten en ser utilizadas de una forma particular.

Por eso Winston Churchil comentaba que las personas le damos forma a los edificios y luego los edificios nos dan forma a nosotros. En teoría, todos podríamos usar botellas retornables para tomar Coca-Cola, pero la sola emergencia de las botellas desechables dice mucho sobre aspectos particulares de nuestra cultura.

Estamos ante un fenómeno mucho más complejo que simplemente reducir a una decisión individual si las herramientas son utilizadas de forma positiva o negativa. Tomemos el ejemplo de las redes sociales. Un reciente estudio de Oxford, mostró que las redes sociales están diseñadas para maximizar la interacción y, que esto habilita la viralización y difusión de la desinformación y el discurso de odio. ¿Pueden los usuarios hacer lo posible para minimizar este efecto? Probablemente, pero difícilmente podrán revertir las consecuencia generadas por el diseño mismo de la red social.

Una forma más productiva de superar la pasividad y plantear la discusión pública es aceptar que la tecnología puede ser modelada para producir cambios sociales positivos o negativos. Bajo este esquema estamos obligados a tomar posición y preguntarnos ¿de cuál lado estaremos?