Publicado originalmente el 9 de septiembre de 2019 en La Segunda

Esta semana tuvo lugar la marcha contra la inmigración y el “globalismo” convocada por organizaciones nacionalistas y socialpatriotas. A pesar de haber sido convocada con un mes de anticipación, contar con autorización de la intendencia y haber sido anunciada en los principales medios de comunicación, la convocatoria no superó las 50 personas. 

Son buenas noticias para nuestra democracia, ya que se trataba de una manifestación abiertamente racista y xenófoba; pero este episodio nos debe llamar a reflexionar sobre la enorme desproporción que existe entre la falta de representatividad de estos grupos y la cobertura mediática que reciben. 

Se trata de un fenómeno recurrente en las principales democracias del mundo: discursos extremos y teorías conspirativas se toman la discusión pública a pesar de ser completamente marginales e indefendibles.

Uno de los aspectos positivos de las redes sociales, es que proporcionan una plataforma de expresión a grupos que históricamente no han tenido acceso a los medios de comunicación. El problema es que el modelo de negocio de estas plataformas prioriza la visibilidad del contenido que más interacciones produce, el que suele ser de carácter polémico, incendiario o provocador. De ahí que cualquiera que entre a Twitter podría llevarse la impresión de que realmente estamos discutiendo si es buena idea salirse de la ONU. 

Por otro lado, la crisis de financiamiento por la que están pasando los medios de comunicación ha hecho que sus criterios editoriales cedan cada vez más ante la presión del rating. De ahí que quienes convocaron a esta marcha hayan sido invitados a los principales matinales y la manifestación haya sido objeto de portada en importantes diarios. 

Es fácil quedarse con la impresión de que entregarle legitimidad a expresiones que constantemente traspasan el límite del discurso de odio es un mal necesario para nuestro debate público. Sin embargo, el alza del nacionalismo blanco en Estados Unidos y el Brexit en el Reino Unido son buenos ejemplos de cómo estos discursos marginales y basados en la desinformación pueden pasar a la primera fila de la política si naturalizamos el lugar exagerado que las redes y los medios les han otorgado.

Publicada originalmente el 13 de mayo de 2019 en La Segunda

La concentración de mercado de las plataformas digitales ha llego a un punto insostenible.Google concentra el 92.74% del mercado de motores de búsqueda. Facebook un 37% de los usuarios de redes sociales. Youtube (propiedad de Google) un 76,5% del mercado de plataformas para compartir videos y Whatsapp (también de Facebook) un 44% de los usuarios de servicios de mensajería. 

Una de las principales propuestas para enmendar esta situación es hacer un “break-up” de las grandes plataformas. Algo similar a cuando Estados Unidos ordenó dividir a la operadora Bellsouth en distintas compañías regionales. Esta operación permitió atenuar la posición dominante de AT&T y reducir los costos de telefonía a los consumidores. El aumento en la competencia ha sido señalado como una de las causas tras la emergencia de varias tecnologías disruptivas. 

Pero no todos los problemas se solucionan con más competencia. La regulación se debe hacer cargo de establecer obligaciones que los incentivos de mercado no son capaces de alcanzar. Se vuelve cada día más evidente que los usuarios deberían tener derecho a una “portabilidad de datos” y ser capaces de exportar su historial de publicaciones, contactos y demás al momento de migrar de servicio. Después de todo, no sirve de mucho si una red social ofrece más personalización y privacidad si todos mis conocidos siguen en Facebook y Twitter.

Criterios de interoperabilidad en servicios de mensajería permitirían a los usuarios comunicarse entre ellos independiente del servicio utilizado, a través de protocolos comunes. En el caso de las redes sociales, urge establecer mecanismos que entreguen al usuario el control de cómo la información le es presentada en el servicio (de forma cronológica, de sus contactos más cercanos, contenido más popular, etc.). Empoderar al usuario puede ir en contra de los intereses económicos de las plataformas, pero es necesario si como sociedad queremos combatir la difusión y circulación de la desinformación. 

Diseñar e implementar regulación de esta naturaleza es una tarea compleja y sensible, pero al mismo tiempo clave para asegurar el bienestar de los consumidores, los derechos de los usuarios e incluso la salud de nuestra democracia.