Publicado el 24 de diciembre en La Segunda

Carl Sagan solía decir que afirmaciones extraordinarias, requieren pruebas extraordinarias. El gobierno parece encontrarse en el otro extremo; a pesar de no haber presentado ninguna evidencia, ha aseverado repetidas veces que el estallido social ha contado con la participación de grupos y gobiernos extranjeros que buscan desestabilizar el país.  

El ministro Blumel prometió que esa incertidumbre se iba a disipar con la presentación de un informe “altamente sofisticado” basado en análisis de “big data” de las redes sociales. Mucha fanfarria para un documento completamente mundano y que no agrega nada que un usuario promedio no sepa: durante el estallido social hubo una proliferación de hashtags relacionados con la movilización y parte importante de la conversación fue guiada por usuarios con gran cantidad de seguidores, tanto a favor como en contra de la revuelta. 

Lo más decidor parece ser que un 31% de los mensajes proviene de cuentas localizadas fuera de Chile. Esto no tiene nada de extraordinario; naturalmente el mundo ha visto con atención lo que ha sucedido en nuestro país y se han generado múltiples instancias de solidaridad internacional a partir de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en los últimos meses. También hay otros factores: muchas cuentas falsas suelen colgarse de hashtags que son tendencia mundial para hacer spam (publicidad de mala calidad) y cualquier chileno puede utilizar una VPN (virtual private network) para aparecer twitteando desde otro país. 

Más allá del bochorno, este episodio muestra la falta de voluntad del gobierno para analizar y comprender los factores sociales, económicos y demográficos que han gatillado la crisis. Sólo eso explica que hayan insistido en la tesis de la intervención extranjera, luego que importantes académicos nacionales advirtieron que estos análisis no son capaces de generar inteligencia sin ser cotejados con factores externos, que los datos utilizados son fácilmente manipulables y sus conclusiones no pueden asegurar que existió una real influencia en cómo se desarrolló la movilización.

Abandonar las teorías conspirativas es un importante paso para dejar de evadir el arduo y difícil camino que como sociedad nos espera: darle una respuesta política a una crisis política. 

Publicado originalmente el 28 de octubre de 2019 en La Segunda

En tiempos convulsionados, la circulación de desinformación (fake news) se vuelve aún más perjudicial para nuestra democracia. Para combatirla, varios medios se han embarcado en la noble labor de verificar (fact-check) el contenido que se ha vuelto viral en redes sociales.

 Hasta el momento, las iniciativas de verificación han utilizado la figura del semáforo: verdadero, falso o incierto. La evidencia comparada muestra que esta metodología tiene varios problemas, especialmente porque sólo traslada el problema de la confianza. La crisis de legitimidad de la prensa tradicional también es un factor que ha promovido la desinformación. La pregunta, entonces, es ¿si desconfío de una fuente en particular, por qué voy a creer en el medio que busca corroborarla?

 También existe un problema de interpretación. Hay hechos cuya constatación es derechamente objetiva y hay opiniones que podemos considerar falsas y ofensivas, pero que son incontrastables. Entre estos dos extremos se encuentran una serie de declaraciones en donde se juega el corazón del debate político, cuya interpretación necesariamente es subjetiva y está sujeta a juicios de valor.

 Una alternativa es presentarle a los lectores los antecedentes disponibles para que ellos lleguen a una conclusión, en vez de simplemente declarar que es verdadero y qué es falso. Bajo esta metodología, la interpretación del medio se presenta al final del texto como sugerencia, nunca como titular.

 Otro problema es que el fact-checking es una foto estática de una situación. Un hecho puede ser calificado como falso en su momento, pero luego surgir antecedentes que demuestren su veracidad (como sucedió en las elecciones estadounidenses y la intervención rusa). Es conveniente que los medios habiliten una sección digital que permita darle seguimiento a sus notas.

 Por último, se requiere un verdadero contraste de fuentes para verificar la veracidad de una afirmación. Si sólo se cuenta con el testimonio de la parte involucrada, entonces es imposible considerar que el hecho fue corroborado.

 Estas son sólo algunas recomendaciones para mejorar un campo que todavía está en pañales, pero son un primer paso para que estas incipientes iniciativas se transformarán en un aporte a la integridad del debate público.