Redes sociales gratis

~ Pablo Viollier ~ 1 Comment

Publicado originalmente el 8 de octubre de 2019 en La Segunda

Internet es el fenómeno mundial que conocemos porque desde un comienzo fue concebida como una red abierta, descentralizada y neutral. Esto significa que las empresas de telecomunicaciones no pueden discriminar entre los paquetes que pasan por su red, impidiendo que se transformen en custodios capaces de bloquear o priorizar arbitrariamente cierto contenido por sobre otro. 

A pesar de ello, en nuestro país abundan planes que ofrecen redes sociales gratis (zero-rating). En estas ofertas, las empresas necesariamente priorizan -al menos comercialmente- el tráfico de ciertas aplicaciones en desmedro de otras. 

Esto tiene un efecto perjudicial en la innovación y la competencia. Bajo este esquema, los nuevos competidores tienen que superar una gravosa barrera de entrada: que una parte de la población pueda usar las aplicaciones dominantes sin que les signifique gastar megas de navegación.

Pero esta situación también tiene consecuencias sociales, ya que la población de menores recursos se ve obligada a hacer un uso estratégico de sus planes de navegación. Quedan, de este modo, atrapados en una versión cerrada, corporativa y limitada de internet. 

Los defensores del zero-rating argumentan que un poco de internet es mejor que nada de internet, pero lo cierto es que la población vulnerable necesita conectividad para emprender, buscar trabajo, educarse y postular a beneficios estatales; no sólo para usar redes sociales y aplicaciones de mensajería.

Incluso nuestro proceso electoral se  puede ver afectado por la existencia de este tipo de esquemas. En las últimas elecciones de Brasil, una parte importante de la población que -por razones económicas- se informó exclusivamente a través de sus planes de redes sociales gratis se vio expuesta a una agresiva campaña de desinformación, sin tener siquiera la posibilidad teórica de corroborar esa información a través de otras fuentes.

En esta materia, vale la pena revisar la evidencia comparada. La prohibición de este tipo de ofertas en algunos países ha venido aparejada con un aumento de la competencia, mejores precios y topes de navegación más altos para los usuarios. De esta forma, se ha potenciado el acceso de la población al conjunto y no sólo a una parte específica de internet.

La espada de Damocles

~ Pablo Viollier ~ Leave a comment

Publicado originalmente el 24 de septiembre de 2019 en La Segunda

Escuchar a una figura pública anunciar que se querellará contra un particular por el delito de injuria o calumnia, se ha vuelto tan rutinario que ya forma parte de nuestra cotidianidad política. 

Pero hay algo intrínsecamente problemático en el hecho que alguien arriesgue penas de cárcel por haber emitido un juicio o una opinión. En primer lugar, porque se presta para el comportamiento estratégico: la forma más eficaz para acallar discursos críticos, oponentes políticos y periodistas ejerciendo su labor de investigación es la amenaza de tener que enfrentar un proceso penal.

De hecho, la sola posibilidad de ser víctima de una querella puede ser suficiente disuasivo para producir un efecto inhibitorio. Aun cuando un acusado de injuria sea inocente, las consecuencias económicas, laborales y reputacionales de un proceso donde se arriesga la cárcel puede significar que los individuos se restrinjan de ejercer su legítimo derecho a la libertad de expresión. Esta amenaza velada genera un ambiente periodístico pacato y poco atrevido, incapaz de aventurarse en donde es más necesaria su labor: en situaciones que incomodan al poder político. 

Pero no sólo los periodistas han sido víctimas de esta espada de Damocles. Recientemente hemos sido testigos de cómo las querellas de injuria han sido utilizadas por académicos para amedrentar a estudiantes que se han atrevido a denunciar situaciones de acoso sexual y por alcaldes para perseguir a ciudadanos que los critican por redes sociales. 

No se trata de que las figuras públicas -quienes deben soportar un mayor nivel de escrutinio por parte de la sociedad- no cuenten con herramientas para defenderse ante expresiones de mala fe que busquen dañar su honra. Se trata que estas herramientas sean proporcionales y no se transformen en armas de intimidación que acallen el debate público.

En esta materia, vale la pena imitar a países como Estados Unidos o México, donde la persecución de este tipo de conductas injuriosas no es criminal, sino que a través de una acción indemnizatoria en un juicio civil. De esta forma, nos acercaremos un poco más a un marco institucional que habilite una esfera pública plural, desinhibida y vigorosa.

Inflados por las redes

~ Pablo Viollier ~ Leave a comment

Publicado originalmente el 9 de septiembre de 2019 en La Segunda

Esta semana tuvo lugar la marcha contra la inmigración y el “globalismo” convocada por organizaciones nacionalistas y socialpatriotas. A pesar de haber sido convocada con un mes de anticipación, contar con autorización de la intendencia y haber sido anunciada en los principales medios de comunicación, la convocatoria no superó las 50 personas. 

Son buenas noticias para nuestra democracia, ya que se trataba de una manifestación abiertamente racista y xenófoba; pero este episodio nos debe llamar a reflexionar sobre la enorme desproporción que existe entre la falta de representatividad de estos grupos y la cobertura mediática que reciben. 

Se trata de un fenómeno recurrente en las principales democracias del mundo: discursos extremos y teorías conspirativas se toman la discusión pública a pesar de ser completamente marginales e indefendibles.

Uno de los aspectos positivos de las redes sociales, es que proporcionan una plataforma de expresión a grupos que históricamente no han tenido acceso a los medios de comunicación. El problema es que el modelo de negocio de estas plataformas prioriza la visibilidad del contenido que más interacciones produce, el que suele ser de carácter polémico, incendiario o provocador. De ahí que cualquiera que entre a Twitter podría llevarse la impresión de que realmente estamos discutiendo si es buena idea salirse de la ONU. 

Por otro lado, la crisis de financiamiento por la que están pasando los medios de comunicación ha hecho que sus criterios editoriales cedan cada vez más ante la presión del rating. De ahí que quienes convocaron a esta marcha hayan sido invitados a los principales matinales y la manifestación haya sido objeto de portada en importantes diarios. 

Es fácil quedarse con la impresión de que entregarle legitimidad a expresiones que constantemente traspasan el límite del discurso de odio es un mal necesario para nuestro debate público. Sin embargo, el alza del nacionalismo blanco en Estados Unidos y el Brexit en el Reino Unido son buenos ejemplos de cómo estos discursos marginales y basados en la desinformación pueden pasar a la primera fila de la política si naturalizamos el lugar exagerado que las redes y los medios les han otorgado.

Obras huérfanas

~ Pablo Viollier ~ Leave a comment

Publicado originalmente el 28 de agosto de 2019 en La Segunda

Uno de los principales problemas de nuestro sistema de derechos de autor, es que trata a todas las obras creativas con una misma vara. No importa que se trate de un éxito de taquilla o un ensayo político de los años 20: todas se protegen por un período de tiempo equivalente a la vida del autor más setenta años y sólo pueden ser utilizadas con la autorización expresa de su titular.

Pero los productos de la creatividad humana son diversos y proteger a todas las obras como si se trataran de éxitos comerciales provoca una serie de inconvenientes. Un buen ejemplo de ello son las “obras huérfanas”, aquellas donde no es posible identificar al titular de los derechos o no es posible localizarlo para obtener su autorización. Pensemos en editoriales antiguas que quebraron o artistas que no dejaron herederos conocidos.

Esta situación genera una doble pérdida social. Por un lado, pierden los artistas -quienes no pueden recibir una compensación por su trabajo- y por otro lado pierde la sociedad, al no poder obtener acceso a obras patrimoniales. Esto afecta especialmente a museos, archivos, bibliotecas, galerías y folcloristas. Estas entidades tienen toda la intención de obtener la autorización para restaurar y preservar obras de valor histórico o patrimonial, pero les resulta completamente imposible hallar a quienes detentan los derechos sobre ellas.

Esto pone a los rescatistas culturales en una situación particularmente injusta. Pueden optar por infringir la legislación (al digitalizar las obras para su preservación o ponerlas a disposición del público) o pueden decidir mantener el material de valor patrimonial escondido en un sótano. En ambos casos, la sociedad pierde. 

Urge la creación de una excepción que permita a los rescatistas culturales utilizar las obras huérfanas luego de una búsqueda exhaustiva de sus titulares. Del mismo modo, esta excepción se debe acompañar de mecanismos que permitan compensar a estos últimos en caso de que sean hallados. 

Este sería un primer paso para recuperar el espíritu de la legislación de propiedad intelectual y orientarla a su principal objetivo: fortalecer el dominio público e incentivar el acceso al conocimiento y la cultura.

Peor que una filtración

~ Pablo Viollier ~ Leave a comment

Publicada originalmente el 13 de agosto de 2019 en La Segunda

La semana pasada un grupo de investigadores reportó haber detectado una importante filtración de datos. Un archivo con información de 14 millones de chilenos apareció en un repositorio en línea; incluyendo el nombre, RUT, domicilio, género y edad de los afectados.

Al investigar la fuente de la filtración, llegaron a la conclusión de que el SERVEL estaba almacenando esta información sin las debidas medidas de seguridad. Lo que no sabían, es que la información se publicó intencionalmente, porque la misma ley obliga al SERVEL a subir el padrón electoral a internet.

Para los estadounidenses parecía claro que debía tratarse de un error, la sola idea de poder conseguir el número de seguridad social (equivalente a nuestro RUT) de millones de personas sería un escándalo de proporciones en su país. Sin embargo, en Chile lo tenemos completamente naturalizado.

Como sociedad no le hemos tomado el peso al hecho que -para todos los efectos prácticos- el RUT, nombre y dirección de todos los chilenos es un dato público. Hoy cualquier base de datos que se quiera construir para perfilar usuarios, cruzar información o generar listas negras tiene como base los datos facilitados por el SERVEL. 

La justificación para publicar el padrón es que exista una adecuada fiscalización por parte de la ciudadanía. Sin embargo, esto no implica que los datos personales de todos los habitantes del país tengan que publicarse en línea.

Otros mecanismos de fiscalización del padrón pueden alcanzar el mismo objetivo sin vulnerar los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, se puede entregar acceso a partidos políticos, investigadores o ciudadanos interesados, pero exclusivamente en una red cerrada en las dependencias del SERVEL o se pueden entregar en formatos que no permitan su procesamiento masivo.

No enmendar el rumbo en esta materia puede tener gravísimas consecuencias en términos de ciberseguridad y protección de datos personales. El mundo está entrando en la era del Big Data, la inteligencia artificial y tratamiento algorítmico de bases de datos. Este futuro nos encontrará mal preparados si lo recibimos con la mentalidad de que un país entero tiene que vivir en una casa de cristal.   


Mi selfie, ¿mi problema?

~ Pablo Viollier ~ Leave a comment

Publicada originalmente el 22 de julio de 2019 en La Segunda

FaceApp es la nueva aplicación de moda. Es muy simple: te sacas una foto y la aplicación la modifica para mostrarte 20 años mayor o cómo te verías con la edad de un niño. Hasta ahí todo bien. 

El problema es que los términos y condiciones establecen que al usar el servicio se otorga a la empresa una licencia perpetua, irrevocable, no exclusiva e internacional para usar, modificar y reproducir el contenido creado por el usuario. A todas vistas un abuso, especialmente teniendo en consideración que los rasgos faciales son un dato sensible. 

Los desarrolladores han declarado que -en la práctica- los datos se almacenan en Amazon, se eliminan luego de 48 horas y no se utilizan para fines distintos que el funcionamiento de la aplicación. Eso puede ser cierto, pero no es lo que dicen las condiciones. Acá hay una lección para los abogados: no siempre es el mejor camino redactar cláusulas excesivamente amplias y abusivas para blindar al cliente. 

Por otro lado, la narrativa hasta el momento ha sido culpar al usuario. Si un individuo acepta condiciones abusivas, entonces después no se puede quejar. Urge cambiar esta mentalidad. Las personas tienen derecho a usar una aplicación simpática sin tener que temer que sus datos van a terminar siendo traficados. 

La evidencia muestra que al momento de instalar un programa o aplicación, prácticamente nadie lee los términos y condiciones. Incluso cuando un usuario se propone hacerlo, distintas investigaciones muestran que el contenido suele ser tan complejo que para entenderlo se requiere un nivel educativo equivalente a estudios de magíster. Para rematar, los documentos siempre están en inglés y las aplicaciones competidoras tampoco ofrecen mejores condiciones.

En otras palabras, el consentimiento por sí solo no es una forma efectiva de proteger a las personas. Otras ramas del derecho -como el derecho del trabajo y el derecho del consumidor- reconocen hace décadas la existencias de asimetrías de poder e información entre trabajadores, consumidores y empresas. La tramitación del proyecto de ley de datos personales se presenta como una oportunidad para avanzar en el mismo sentido, imponiendo resguardos sustantivos a los derechos de los usuarios.

El hambre por los datos

~ Pablo Viollier ~ Leave a comment

Publicada originalmente el 5 de julio de 2019 en La Segunda

La sociedad en su conjunto ha avanzado cada vez más decididamente hacia un consenso sobre la importancia de proteger los datos personales. Sin embargo, no todas nuestras instituciones han acusado recibo de esta tendencia. 

El año pasado, la Subsecretaría de Telecomunicaciones ofició a todas las empresas del rubro para que estas entregaran -respecto de todos sus clientes- información sobre números de teléfono, tipo de plan, datos sobre tráfico de voz y datos, así como su comuna y región. De todas las empresas, sólo Entel se negó a entregar toda la información solicitada y hoy el caso se encuentra en tribunales.

Más allá de que la Subtel excedió sus atribuciones, resulta preocupante que un organismo público exija este volumen de información. Por un lado, porque se trata de información que permite perfilar a los usuarios y que mediante un mínimo esfuerzo puede ser asociada a un persona determinada; pero también porque esta información se solicitó con la expresa finalidad de entregarlos a la empresa CADEM para que esta realice una encuesta de satisfacción. 

La pregunta cae de cajón ¿estamos cómodos con que un organismo público exija información detallada de todos los habitantes del país, la ceda y luego una empresa particular la utilice para hacer encuestas? 

No cabe duda que para diseñar políticas públicas eficientes es necesario echar mano al tratamiento de grandes volúmenes de bases de datos. Pero esto no implica caer en una falsa dicotomía entre innovar y proteger a las personas. 

En realidad, este tipo de análisis se pueden conducir a través de información anonimizada o estadística, es decir, no vinculada a personas determinadas. Al mismo tiempo, la recolección de información debe ser proporcional: si el objetivo es realizar una encuesta, no es necesario acceder a la información de toda la población, sino que sólo una muestra de ella. 

Recientemente nuestro país elevó la protección a de los datos personales a nivel constitucional, pero para que ello se concrete también es necesario cambio cultural y social en todos los niveles. De lo contrario, vamos a terminar borrando con el codo lo que hemos escrito con la mano.

La carrera por el 5G

~ Pablo Viollier ~ Leave a comment

Publicada originalmente el 17 de junio de 2019 en La Segunda

La telefonía móvil de quinta generación (5G) es la nueva promesa en telecomunicaciones. Su baja latencia y altísima velocidad de conexión prometen abrir las puertas de la inteligencia artificial, los coches autónomos, la realidad virtual y las ciudades inteligentes. 

Sin embargo, hay algo que llama la atención respecto a la narrativa que se ha instalado: la idea de que llegar al 5G es una carrera. Una especie de competencia, en dónde los primeros en llegar cosechan todos los frutos, mientras que el resto se queda debajo de la mesa. 

Es un razonamiento extraño, considerando que se trata de establecer los estándares y protocolos comunes sobre cómo van a operar nuestra telecomunicaciones en las próximas décadas. La idea de una carrera nos invita a pensar que vale la pena transar ciertas consideraciones a cambio de llegar primero, pero lo cierto es que nadie ha podido demostrar cuales son las desventajas de llegar segundo o tercero, mientras que algunos aspectos de la tecnología sí merecen ser abordados con detención. 

Al utilizar frecuencias milimétricas, el 5G es increíblemente caro de implementar. Incluso en condiciones ideales, requiere que las antenas se instalen a muy poca distancia la una de la otra. Esto no sólo hace que sea muy difícil instalar esta infraestructura en zonas rurales, sino que también implica que probablemente más recursos económicos y humanos estarán enfocados en implementar 5G, en desmedro de extender la cobertura a zonas que todavía no cuentan con conectividad. En otras palabras, mejor conexión para los ya conectados.  

También existen importantes consideraciones de ciberseguridad, ya que la utilización de ambientes compartidos y la multiplicación de dispositivos conectados a la red genera condiciones más favorables para el acceso no autorizado de datos personales.  

En materia de privacidad, la mayor concentración de antenas hará posible verificar de forma más precisa la geolocalización de los usuarios de telefonía móvil, información sensible que puede ser fácilmente tentar a gobiernos y empresas. 

Es muy probable que la tecnología 5G sea realmente revolucionaria. Por lo mismo, antes que hacer las cosas “a la carrera”, más vale la pena hacerlas con el cuidado que requieren.

Transparencia: más allá del todo o nada

~ Pablo Viollier ~ Leave a comment

Publicada originalmente el 27 de mayo de 2019 en La Segunda

Cuando se trata de transparencia, solemos razonar en términos dicotómicos: o es público y de libre acceso o es privado y reservado; sin medias tintas. Esta distinción absoluta tenía sentido cuando la revisión de documentos y bases de datos debía realizarse de forma individual y a mano, pero la emergencia de herramientas para automatizar la recolección y procesamiento de datos nos obligan a abordar el tema de forma más sofisticada. 

Un buen ejemplo es la reciente decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago sobre el acceso al registro de nombres de dominio. Una persona pidió a NIC Chile (entidad encargado de administrar el .cl) el listado de todos los sitios web inscritos en Chile, información que en estricto rigor es pública y se puede consultar libremente en la página del organismo. Pero es distinto poder revisar manualmente qué página en particular ha sido inscrita, quien es su titular y cuando vence el registro, que contar con el listado completo de los sitios web que han sido inscritos a la fecha. 

La Corte decidió rechazar la solicitud, a pesar de no que no contenía información de carácter personal, justamente porque contar con el listado de los 575.430 nombres de dominio permite automatizar la obtención de información sobre los titulares detrás de esos sitios web. Del mismo modo, la entrega de esta información de forma total e indiscriminada podría generar problemas de ciberseguridad, tales como facilitar ataques a servidores, phishing, spam u otros. 

Algo similar ocurre con el padrón electoral. El Servel está obligado por ley a publicar la información electoral de todos los chilenos habilitados para votar, incluyendo nombre, RUT y dirección electoral. Por muchos años esa información se subió a internet en un archivo PDF, alimentando la creación de un sinfín de bases de datos de dudosa legitimidad. 

¿Corresponde que los ciudadanos puedan consultar la situación electoral de personas determinadas? Claro que sí ¿Necesariamente implica entregar acceso total e indiscriminado a bases de datos que pueden ser abusadas? Para nada. La jurisprudencia ya ha sabido reconocer esta distinción, es momento que la legislación haga lo mismo.

Cómo domar a los gigantes de internet

~ Pablo Viollier ~ Leave a comment

Publicada originalmente el 13 de mayo de 2019 en La Segunda

La concentración de mercado de las plataformas digitales ha llego a un punto insostenible.Google concentra el 92.74% del mercado de motores de búsqueda. Facebook un 37% de los usuarios de redes sociales. Youtube (propiedad de Google) un 76,5% del mercado de plataformas para compartir videos y Whatsapp (también de Facebook) un 44% de los usuarios de servicios de mensajería. 

Una de las principales propuestas para enmendar esta situación es hacer un “break-up” de las grandes plataformas. Algo similar a cuando Estados Unidos ordenó dividir a la operadora Bellsouth en distintas compañías regionales. Esta operación permitió atenuar la posición dominante de AT&T y reducir los costos de telefonía a los consumidores. El aumento en la competencia ha sido señalado como una de las causas tras la emergencia de varias tecnologías disruptivas. 

Pero no todos los problemas se solucionan con más competencia. La regulación se debe hacer cargo de establecer obligaciones que los incentivos de mercado no son capaces de alcanzar. Se vuelve cada día más evidente que los usuarios deberían tener derecho a una “portabilidad de datos” y ser capaces de exportar su historial de publicaciones, contactos y demás al momento de migrar de servicio. Después de todo, no sirve de mucho si una red social ofrece más personalización y privacidad si todos mis conocidos siguen en Facebook y Twitter.

Criterios de interoperabilidad en servicios de mensajería permitirían a los usuarios comunicarse entre ellos independiente del servicio utilizado, a través de protocolos comunes. En el caso de las redes sociales, urge establecer mecanismos que entreguen al usuario el control de cómo la información le es presentada en el servicio (de forma cronológica, de sus contactos más cercanos, contenido más popular, etc.). Empoderar al usuario puede ir en contra de los intereses económicos de las plataformas, pero es necesario si como sociedad queremos combatir la difusión y circulación de la desinformación. 

Diseñar e implementar regulación de esta naturaleza es una tarea compleja y sensible, pero al mismo tiempo clave para asegurar el bienestar de los consumidores, los derechos de los usuarios e incluso la salud de nuestra democracia.